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Canarias culminará en 2013 un año récord en el número de visitantes. Superaremos con holgura los trece millones de turistas. Nunca antes nuestro sector turístico había alcanzado esas cifras. Podemos afirmar que el motor económico del archipiélago está a máximo rendimiento. Teniendo en cuenta el peso del sector turístico en el PIB de las islas esto sería, en teoría, suficiente para que los parámetros de generación de empleo y el contagio a otros sectores de la economía de las islas estuvieran arrojando cifras muy distintas a las que en estos momentos se están dando en Canarias.

Sin embargo, ni la generación de empleo ha experimentado una mejoría significativa, ni tampoco el resto de los sectores económicos de las islas (sector primario o sector industrial) están disfrutando de un efecto tirón derivado de esa cifra récord de visitantes. La conclusión entonces es sencilla. Algo falla en nuestro modelo económico y, en consecuencia, las fuerzas políticas están obligadas a abrir un debate sobre ese modelo, su viabilidad a medio largo plazo y las reformas necesarias que hay que introducir para que los habitantes de las islas vean traducido en forma de mejora de sus condiciones de vida que el motor económico de las islas esté a pleno rendimiento.

Siempre en Canarias hemos manejado una especie de dogma de fe. Cuanto mejor la vaya al sector turístico mejor nos irá a todos. Cuantos más visitantes, mejor. De tal manera que la política de los distintos Gobiernos y de las distintas instituciones siempre ha ido encaminada a facilitar el desarrollo del sector y la llegada de turistas. Lo idóneo sería que hubiera una correlación directa entre el empleo y el número de visitantes, de tal manera que entendiéramos que a partir de un determinado mínimo de visitas por cada punto que se aumentara lo hiciera en una proporción directa el empleo y el contagio a sectores complementarios. La realidad es que esto no sucede y, por tanto, el dogma de fe se rompe, lo que debe llevar al menos a replantearse ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que no deja de ser la explotación de un recurso en el que se invierten numerosas políticas públicas.

El sector turístico no es inocuo en lo que a las políticas públicas se refiere. Las administraciones públicas hacen un esfuerzo considerable desde sus propios presupuestos públicos a los efectos de que nuestro producto turístico sea competitivo en un mercado en el que no estamos solos. Desde los presupuestos públicos de diferentes administraciones se mantiene la limpieza de las playas y de nuestro litoral, se garantiza la calidad de nuestras infraestructuras como carreteras, aeropuertos o puertos. Se mantiene la seguridad en las zonas turísticas, se acoge en la sanidad pública a los posibles pacientes a los que hay que atender y, además, hay un esfuerzo también de promoción del destino.

Por tanto hay un esfuerzo presupuestario público considerable para colaborar con el sector privado y generar un destino competitivo, en teoría, por los beneficios que conlleva para la economía de Canarias. Existen otras variantes que también generan problemas públicos aunque son más difíciles de cuantificar aunque no imposible. Trece millones de turistas generan además un problema medioambiental en forma de generación de residuos o en consumo energético que igualmente debe ser en buena parte solucionado mediante políticas públicas.

La pregunta entonces es: teniendo en cuenta que ponemos a disposición de este sector nuestros recursos naturales y existe, además, un esfuerzo público considerable para hacerlo competitivo, ¿es suficiente el retorno hacia la sociedad que el sector luego genera? Si no es así, entonces la cuestión es qué debemos hacer para que ese retorno sea socialmente rentable, teniendo en cuenta que el sector turístico deberá seguir siendo el eje sobre el que pivote el resto de los sectores económicos de Canarias y su principal motor.

Y es ahí que surge el debate sobre la aplicación de una tasa turística consistente en que cada visitante pague una cantidad por cada noche que pernocte en las islas. Los impuestos y la tributación han sido siempre las herramientas con las se trata de introducir mecanismos de redistribución. De ahí que la idea de una tasa turística que puede tener un carácter incluso finalista para aliviar a los presupuestos públicos de las inversiones que hace en el sector, sea una herramienta que debe empezar a ponerse en el debate público.

La tasa turística no es algo tampoco novedoso. El uno de noviembre de 2012 Cataluña comenzó a aplicar su normativa sobre la implantación de la tasa turística. Una tasa a abonar por todos los visitantes que pernocten en Cataluña mayores de 16 años por cada noche de estancia y que varía en función del número de estrellas del establecimiento. Desde los dos euros con veinticinco en hoteles de cinco estrellas y cruceros, pasando por los 0,90 céntimos de los hoteles de cuatro estrellas hasta los 0,45 para resto de establecimientos. En los primeros 14 meses de aplicación de la tasa en Cataluña se han recaudado 41,4 millones de euros y además ha sucedido algo importante: las visitas no sólo no han descendido sino que han aumentado en la Comunidad Autónoma, con lo que el argumento más esgrimido contra la tasa por sus detractores sobre que hace al destino menos competitivo y que le fuerza a perder visitantes no se ha cumplido.

Las cifras para Canarias según algunos expertos valoran en torno a los noventa millones de euros lo que podría suponer para las islas la recaudación a través de la implantación de la tasa turística. Recordemos, sólo como dato orientativo, que el Plan Integral de Empleo para Canarias que eliminó el PP destinaba para Canarias 42 millones de euros.

Con este análisis, el PSOE en Canarias debe abrir este debate. Al menos para poner en cuestión el modelo económico de las islas y proponer uno diferente. Y en ese debate la implantación de una tasa turística debe ser objeto de análisis y de reflexión por los socialistas.

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